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lunes, 2 de septiembre de 2019

Fiscal General James Exige el Cese Inmediato de la Detención Indefinida de Niños, Propuesta por la Administración Trump



NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York Letitia James se unió a una coalición de 19 Fiscales Generales Estatales en la presentación de una nación con la cual buscan bloquear la nueva regla de la Administración Trump que eludirá el Acuerdo de Judicial de Flores, y la cual permitiría la detención prolongada de niños migrantes. A principios de esta semana, los Fiscales Generales Estatales presentaron una demanda contra el nuevo reglamento de propuesto por Trump, el cual eliminaría varias protecciones importantes garantizadas bajo el Acuerdo de Conciliación de Flores.

Los Fiscales insisten en que la detención prolongada de niños causaría daños irreparables a los menores, a sus familias y a las comunidades que los aceptan al salir de la custodia federal. La eliminación de esta norma, afectaría también el papel de los Estados en la concesión de licencias para el cuidado de niños. En la moción presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California, la coalición insta a la corte a bloquear la propuesta de Trump, mientras continúa el litigio.

"Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, tienen ciertos derechos básicos y libertades, y esta nueva regla es una clara violación de esos derechos y libertades", dijo la Fiscal General Letitia James. “Este intento de Trump de legalizar las detenciones inhumanas de niños por períodos prolongados no solo viola nuestras leyes, sino que también ofende nuestras conciencias. No permitiremos que la Administración Trump continúe esta cruzada para demonizar y degradar a los inmigrantes”.

En la demanda presentada esta semana, los Fiscales Generales alegan que la regla de la Administración Trump interfiere con la capacidad de los Estados para garantizar una buena salud, la seguridad y el bienestar de los niños al socavar los requisitos de las licencias estatales para las instalaciones donde se encuentran detenidos estos menores. La nueva regla daría como resultado la vasta expansión de los centros de detención familiar, que no son instalaciones autorizadas por los Estados y que históricamente han causado un mayor trauma en los niños. Esta iniciativa, además, podría conducir a la detención prolongada de niños con consecuencias negativas para la salud a largo plazo. En base a estas preocupaciones, la coalición multiestatal argumenta que la regla excede la autoridad legal de las agencias, y viola tanto la Ley de Procedimiento Administrativo como la cláusula de un debido proceso judicial establecido por la Quinta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.

El Acuerdo Judicial de Flores surge de una demanda colectiva presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de California en 1985 en respuesta a condiciones de reclusión deficientes para niños inmigrantes no acompañados. La demanda buscaba establecer estándares sobre cómo el gobierno federal debe manejar la detención de menores, incluyendo a la demandante Jenny Lisette Flores.

En particular, los demandantes expresaron importantes preocupaciones sobre las búsquedas o registros desnudos, lo que obligó a los niños a compartir viviendas y baños con adultos del sexo opuesto, y que los menores no podían ser entregados a tutores no-familiares, lo que lleva a la cruel detención prolongada de niños. Después de un litigio tratado en la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU. Y la Corte Suprema de EE UU., el gobierno federal finalmente llegó a un acuerdo con el abogado de clase en 1997, lo que resultó, entre otras cosas, en:

Exigir la liberación de los niños "sin demora innecesaria" a sus padres, tutores legales, otros familiares adultos, u otras personas designadas por los padres / tutores o un programa con licencia dispuesto a aceptar la custodia legal de un niño.

Niños colocados en el "entorno menos restrictivo" apropiado para la edad del menor y para sus necesidades especiales.

El establecimiento de normas para condiciones seguras y sanitarias para los niños detenidos bajo custodia de las autoridades migratorias.

Al igual que la Fiscal General James, los Fiscales Generales de los Estados de California, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia también solicitan la orden judicial preliminar en conexión con este caso.


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