NUEVA YORK – La Fiscal General de Nueva York Letitia James se unió a una
coalición de 19 Fiscales Generales Estatales en la presentación de una nación con
la cual buscan bloquear la nueva regla de la Administración Trump que eludirá
el Acuerdo de Judicial de Flores, y la cual permitiría la detención prolongada
de niños migrantes. A principios de esta semana, los Fiscales Generales
Estatales presentaron una demanda contra el nuevo reglamento de propuesto por
Trump, el cual eliminaría varias protecciones importantes garantizadas bajo el
Acuerdo de Conciliación de Flores.
Los Fiscales insisten en que la detención prolongada de niños causaría
daños irreparables a los menores, a sus familias y a las comunidades que los
aceptan al salir de la custodia federal. La eliminación de esta norma,
afectaría también el papel de los Estados en la concesión de licencias para el
cuidado de niños. En la moción presentada ante el Tribunal de Distrito de los
Estados Unidos para el Distrito Central de California, la coalición insta a la
corte a bloquear la propuesta de Trump, mientras continúa el litigio.
"Todas las personas, independientemente de su estatus migratorio,
tienen ciertos derechos básicos y libertades, y esta nueva regla es una clara
violación de esos derechos y libertades", dijo la Fiscal General
Letitia James. “Este intento de Trump de legalizar las detenciones inhumanas de
niños por períodos prolongados no solo viola nuestras leyes, sino que también
ofende nuestras conciencias. No permitiremos que la Administración Trump
continúe esta cruzada para demonizar y degradar a los inmigrantes”.
En la demanda presentada esta semana, los Fiscales
Generales alegan que la regla de la Administración Trump interfiere con la
capacidad de los Estados para garantizar una buena salud, la seguridad y el
bienestar de los niños al socavar los requisitos de las licencias estatales
para las instalaciones donde se encuentran detenidos estos menores. La nueva
regla daría como resultado la vasta expansión de los centros de detención
familiar, que no son instalaciones autorizadas por los Estados y que
históricamente han causado un mayor trauma en los niños. Esta iniciativa,
además, podría conducir a la detención prolongada de niños con consecuencias
negativas para la salud a largo plazo. En base a estas preocupaciones, la
coalición multiestatal argumenta que la regla excede la autoridad legal de las
agencias, y viola tanto la Ley de Procedimiento Administrativo como la cláusula
de un debido proceso judicial establecido por la Quinta Enmienda de la
Constitución de los Estados Unidos.
El Acuerdo Judicial de Flores surge de una demanda colectiva presentada
ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Central de
California en 1985 en respuesta a condiciones de reclusión deficientes para
niños inmigrantes no acompañados. La demanda buscaba establecer estándares
sobre cómo el gobierno federal debe manejar la detención de menores, incluyendo
a la demandante Jenny Lisette Flores.
En particular, los demandantes expresaron importantes preocupaciones sobre
las búsquedas o registros desnudos, lo que obligó a los niños a compartir
viviendas y baños con adultos del sexo opuesto, y que los menores no podían ser
entregados a tutores no-familiares, lo que lleva a la cruel detención
prolongada de niños. Después de un litigio tratado en la Corte de Apelaciones
del Noveno Circuito de EE.UU. Y la Corte Suprema de EE UU., el gobierno federal
finalmente llegó a un acuerdo con el abogado de clase en 1997, lo que resultó,
entre otras cosas, en:
Exigir la liberación de los niños "sin demora innecesaria" a sus
padres, tutores legales, otros familiares adultos, u otras personas designadas
por los padres / tutores o un programa con licencia dispuesto a aceptar la
custodia legal de un niño.
Niños colocados en el "entorno menos restrictivo" apropiado para
la edad del menor y para sus necesidades especiales.
El establecimiento de normas para condiciones seguras y sanitarias para los
niños detenidos bajo custodia de las autoridades migratorias.
Al igual que la Fiscal General James, los Fiscales Generales de los Estados
de California, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts,
Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón,
Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington, y el Distrito de Columbia
también solicitan la orden judicial preliminar en conexión con este caso.
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