El acuerdo revisa los procedimientos de la Junta de Elecciones
de la ciudad de Nueva York para el mantenimiento de los registros electorales y
establece un control y supervisión frecuentes de las actividades de
mantenimiento de los listados de votantes
En enero, A.G. Schneiderman presentó una demanda contra
NYCBOE por purgar deliberadamente a más de 200,000 neoyorquinos de padrones
electorales antes de la Primaria Presidencial de 2016, en violación de las
leyes federales y estatales
NUEVA YORK- El Fiscal General Eric T. Schneiderman anunció hoy acuerdo
para resolver la demanda contra la Junta de Elecciones de la Ciudad de Nueva
York (NYCBOE), revisando los procedimientos de NYCBOE para mantener los
listados de votantes y estableciendo monitoreo y supervisión frecuente de esos
procedimientos para proteger el acceso de los neoyorquinos a lasurnas. El
decreto de consentimiento se presentó
en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York ayer.
En enero, el Fiscal General Schneiderman presentó una demanda, alegando que
el NYCBOE purgó a más de 200,000 votantes de sus listas de registro en
violación de la ley federal y estatal. Específicamente, el Fiscal General alegó
que el NYCBOE canceló ilegalmente los registros de más de 200,000 neoyorquinos:
más de 100,000 sobre la base de la falta de voto de un votante, y otros casi
100,000 usando un procedimiento que no cumplía con la ley federal y estatal.
El decreto de consentimiento de hoy requiere que la NYCBOE revise su
registro de votantes y enumere las políticas y procedimientos de mantenimiento,
capacite adecuadamente al personal relevante, y se someta a un monitoreo
regular y supervisión del registro de votantes y enumere las actividades de
mantenimiento. Además, NYCBOE acordó revisar cada registro de votante cancelado
desde el 1 de julio de 2013, determinar si las cancelaciones fueron
justificadas por la ley y restablecer, al estatus apropiado, cualquier registro
que se cancelara indebidamente.
"El derecho al voto es sagrado para nuestra democracia. Sin embargo,
la Junta de Elecciones de NYC purgó ilegalmente a más de 200,000 neoyorquinos
de las listas, violando la ley y la confianza de los neoyorquinos en las
instituciones destinadas a proteger sus derechos", dijo el Fiscal
General Schneiderman. "Este acuerdo revisará las prácticas de NYCBOE
para mantener los registros electorales, asegurando que se aborden los
problemas que llevaron a las purgas, y estableciendo un monitoreo y supervisión
frecuente de esas prácticas de mantenimiento de listas. Mi oficina continuará
protegiendo el acceso de todos los votantes a las urnas y continuará luchando
para ampliar los derechos de voto".
La demanda surgió tras una investigación de la Fiscalía General de Nueva York
abierta poco después de la Primaria Presidencial de Nueva York el 19 de abril
de 2016. La Fiscalía General abrió su investigación después de recibir más de
1,500 denuncias a través de su Línea Electoral de asuntos electorales
generalizados, incluyendo una masiva e ilegal purga de votantes en Brooklyn. A
principios de diciembre de 2016, la Fiscalía General publicó un informe, disponible
aquí, que detalla las causas de muchos de los problemas que
enfrentan los votantes en todo el estado en sus centros de votación. Después
del informe del Fiscal General, Common Cause y el Lawyer’s
Committee enmendaron una demanda que presentaron ante el tribunal federal
contra NYCBOE para alegar que la depuración de votantes en Brooklyn violó la
Sección 8 de la Ley Nacional de Registro de Votantes ("NVRA"). En enero,
el Fiscal General Schneiderman intervino en esa demanda, junto con el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
En su demanda, la Fiscalía General alegó que NYCBOE violó la ley estatal y
federal con tres purgas masivas de registro. En primer lugar, de 2014 a 2015,
los funcionarios de la Oficina Municipal de Brooklyn de la NYCBOE identificaron
manualmente y depuraron más de 100.000 registros de votantes debido a que no
votaron o enviaron formularios actualizados a la NYCBOE desde 2008. Tanto la ley
federal como la estatal prohíben la cancelación de registros de registro de
votantes únicamente por no haber votado. Además, Fiscalía General alegó que en
2014 y 2015, NYCBOE utilizó la base de datos de Cambio Nacional de Domicilio
para identificar y eliminar cerca de 100,000 votantes adicionales de los que
sospecha haberse mudado fuera de la Ciudad después de tan solo 30 días de
aviso. Bajo las leyes estatales y federales, estos votantes deberían haber sido
retenidos en las listas de inscripción por al menos dos elecciones federales
después de que NYCBOE les avisara, es decir, de dos a cuatro años.
El decreto de consentimiento, sujeto a aprobación judicial, revisa los
procedimientos de NYCBOE para mantener sus listas de votantes y requiere un
monitoreo y supervisión significativos por parte de la Oficina del Fiscal
General, el DOJ y los demandantes privados de los procedimientos actualizados
de mantenimiento de la lista de votantes de NYCBOE. El NYCBOE está
obligado a:
Crear un plan que detalle los procesos paso a paso para el mantenimiento de
la lista de votantes;
Designar a los funcionarios de las Oficinas Centrales y de los condados a
los que se les asignará la tarea de implementar estas políticas y llevar a cabo
una supervisión y auditoría interna periódica de estos procedimientos;
Desarrollar capacitación periódica para el personal encargado de mantener
las listas de votantes;
Crear procedimientos de quejas uniformes para los votantes afectados por
procedimientos de remoción inapropiados;
Desarrollar procedimientos para identificar problemas sistémicos si se
identifican votantes removidos indebidamente;
Proporcionar informes mensuales y anuales a la oficina del Fiscal General,
al Departamento de Justicia y a los demandantes privados, incluidos los datos
mensuales relacionados con las actividades de mantenimiento de listas;
Someterse a auditorías dos veces al año por parte de la Oficina del Fiscal
General y el Departamento de Justicia de los procedimientos de mantenimiento de
listas que usan registros individuales de votantes; y
Revisar la cancelación de cada elector removido desde el 1 de julio de
2013, identificar a los votantes removidos incorrectamente y reincorporar a
esos votantes.
Las reformas se deben resumir en un Plan de Reparación Integral que la
NYCBOE presentará al Fiscal General, al Departamento de Justicia y a los
demandantes privados para su revisión y acuerdo.
Este asunto está siendo manejado por los Fiscales Adjuntos Ajay Saini,
Diane Lucas y Sania Khan del Buró de Derechos Civiles de la Fiscalía General,
que es dirigido por la Jefa del Buró, Lourdes Rosado. La Oficina de Derechos
Civiles forma parte de la División de Justicia Social, que está dirigida por el
Fiscal Adjunto Ejecutivo para la Justicia Social, Alvin Bragg.
La Oficina del Fiscal General está comprometida con los derechos de voto
que protegen a todos los neoyorquinos elegibles. Para presentar una queja de
derechos civiles, comuníquese con la Oficina del Fiscal General al (212)
416-8250, civil.rights@ag.ny.gov o visite www.ag.ny.gov.
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