Reflexiones en el Cambio #68
Por José Francisco Peña Guaba
Sé que muchos expresarán: ¿por qué Peña Guaba realiza reflexiones sobre
temas conflictivos?, que por demás puede dar la sensación que tiene el ánimo de
criticar a las actuales autoridades de el Gobierno del Cambio y nada más
erróneo que esa fútil apreciación, muy por el contrario nos crea aflicción
cuando en reprobación una gran parte de la población y de los anónimos
ciudadanos digitales desean insistir en dejar en el imaginario popular, la
opinión de que “los Perredeístas (perremeístas) no saben gobernar”.
No niego que armé la alianza senatorial y municipal del PRM con la Fuerza
del Pueblo y otros 8 partidos más, pero no es esa la razón que me compromete a
defender la actual gestión gubernamental, más bien sería la necesidad de
expresarle mi opinión a los cientos de peñagomistas que ocupan una posición
oficial en el tren estatal. Convencido estoy que la mayoría de los discípulos
de mi padre no deben fallarle bajo ninguna razón a la población, pero para eso
lo primero que deben, es aprender a escuchar las sugerencias de buena fe y
poner el oído y el corazón junto a las mayorías populares del pueblo
dominicano.
Al Presidente Abinader hasta el más insensato debe reconocerle su esfuerzo
y buenas intenciones, al igual que su marcado interés en sacarnos de la triple
crisis que gestiona producto de la pandemia del Covid-19: sanitaria, social y
económica, tarea ingente que les toca administrar al Gobierno del perredeísmo
de nuevas siglas, el PRM.
El Gobierno del Cambio camina velozmente a cumplir su primer año y necesita
operativizar la gestión pública para lo cual precisa saber que su “aprendizaje
intensivo terminó” y es hora ya de tomar acciones, para con claridad tomar
decisiones que en un tiempo prudente se conviertan en realizaciones, reconozco
que muy bien lo está haciendo el Presidente Abinader y muchos de sus
funcionarios que nunca habían ocupado cargos oficiales de relevancia alguna,
porque no lo duden “gobernar se aprende gobernando” ya que es casi imposible
aprender desde afuera de la administración pública; me han expresado varios
ciudadanos, entre los cuales hay: empresarios, profesionales, dirigentes
políticos y hasta inversionistas extranjeros su marcada preocupación por la
abulia existente en el funcionarato público para darle salida a las cosas a la
cual están legalmente obligados, para cumplir con el compromiso de dar
continuidad de Estado a los múltiples asuntos pendientes en las instituciones
del Gobierno, por ello hago mías el pedido exasperante de muchos de estos
ciudadanos para que se les ordene a los responsables de dichas instituciones
dar respuesta y salida al cúmulo de expedientes y solicitudes actualmente
paralizados.
En este “decálogo a la buena gestión pública” espero que se entiendan que
¡es hora ya! de dar respuestas y dejar de pensar que todo lo realizado por las
gestiones gubernamentales anteriores es producto de la corrupción, veamos:
El temor a caer en un gancho, a que se le procese o se le desprestigie
tiene a la amplia mayoría de los funcionarios inmóviles, aterrorizados por la
presión permanente a la que están sometidos por funcionarios de su propio
Gobierno, que han creado el criterio de que en todo lo realizado en el pasado
habita el fantasma de la corruptela y eso es casi totalmente incierto, es por ello
que no se resuelve casi nada ni siquiera las cosas básicas y simples que son
funciones inherentes de las instituciones que no se están llevando a cabo.
La continuidad del Estado que es un precepto constitucional, que obliga al
funcionario público a tramitar los asuntos pendientes de todo tipo, que claro
está no sean aquellos onerosos al Estado, si éste a su vez ha cumplido su
parte, porque los proyectos que realiza el Presidente Abinader y los
funcionarios del Gobierno del Cambio hoy, tendrían en un hipotético futuro
Gobierno diferente, que exigir se procesen los mismos como fue con los
anteriores, para evitar con esto que se forme un círculo vicioso del
incumplimiento constitucional.
Los funcionarios deben saber que los derechos de los ciudadanos están
constitucionalizados, sobre todo a partir de la reforma integral constitucional
del 2010, y no se les puede conculcar los mismos a los ciudadanos, lo correcto
es que todo lo que esté bien sea tramitado y despachado en los tiempos legales
reglamentarios, porque amontonar miles y miles de solicitudes y expedientes,
terminarán por sobrepasar la capacidad de respuesta de las instituciones, y ahí
se pueden presentar todo tipo de problemas que terminarán en acciones legales
en contra, que el Gobierno debe evitar.
Se debe humanizar la gestión pública, si bien es cierto que les toca a los
perremeístas la administración de la cosa pública, se le debe pagar aunque sea
a plazos sus derechos laborales a los empleados desvinculados de las
instituciones, ya que estamos en medio de una pandemia y el que trabajó
necesita también comer y pagar sus necesidades básicas, en lo que busca otro
empleo u oficio a realizar.
La operatividad diaria del Gobierno tiene que ser basada en principios de
ética, como así lo ha expresado el Presidente Abinader, pero también del
“pragmatismo de la eficiencia” para que se sientan las acciones gubernamentales
de manera inmediata y se comprendan que este equipo de hombres y mujeres que
han llegado al Gobierno están en una línea de darle solución a los problemas de
la ciudadanía.
El Covid-19 no puede ser una excusa para instaurar la abulia o la apatía en
las instituciones públicas, para con ello evitar dar respuestas a los problemas
de la gente, dichos organismos oficiales deben utilizar todos los mecanismos
tecnológicos existentes que se tengan a mano’ para garantizar un servicio
rápido y eficaz a la población.
“El fantasma de creer que en todo hay corrupción” puede acarrearle graves
problemas a los funcionarios que se niegan a darle continuidad a los contratos
legales que han cumplido con todo sus procedimientos, cuya falta de interés en
ejecutar los mismos, auspiciarían reclamos ante la justicia, que bien podría
poner en aprietos a los incumbentes ante decisiones judiciales que obligarían a
su ejecución por parte de dichas instituciones.
Lo paradójico, es que la parálisis del aparato burocrático gubernamental,
sin querer, está beneficiando a los mismos de siempre, y le niegan el derecho a
participar a los que ganaron las elecciones, conozco funcionarios que prefieren
bajo el argumento de no querer ruido mediático y por temor a las críticas
malsanas de las redes sociales, permanecer siendo abastecidos por los mismos
suplidores de siempre, negándose a darles participación a pequeños y medianos
empresarios y comerciantes perremeístas, y que al parecer en su propio Gobierno
llevan todas las de perder.
Muchos de los funcionarios se niegan a darle la cara a los que los llevaron
ahí, creando un gran desconcierto que abate a su propia militancia, cuyos
integrantes pese a que hace casi un año llegaron al Gobierno “todavía no han
visto a linda”, la discrecionalidad en la selección del personal por parte de
los funcionarios han permitido dejar afuera del tren gubernamental a la mayoría
de la dirigencia perremeístas y de sus aliados, que les ayudaron a ganar en
todos los niveles las elecciones del año 2020.
Es un grave error insistir en abandonar proyectos de gran impacto social
por el solo hecho de que lo inició otra gestión, lo correcto y necesario es que
se le dé apoyo económico y continuidad a los mismos y que el nuevo Gobierno
pueda iniciar en adicción otros proyectos o programas que le ponga su sello o
tinte particular, pero no sobre la base de descuidar lo ya logrado, como en el
caso del 9.1.1., la tanda extendida cuando se vuelva a las clases de manera
presencial, el seguimiento a proyectos agrícolas beneficiados en las visitas
sorpresa, o el caso de la asistencia vial del Ministerio de Obras Públicas,
entre muchos otros que son conquistas a favor del pueblo que no se deben
desatender.
No menos importantes es que el Gobierno del Cambio a través del Ministerio
de Administración Pública, realice un inventario entre la totalidad de todos
los servidores públicos sean estos civiles o militares, para identificar dónde
el Estado ha invertido cuantiosos recursos económicos en su capacitación o
formación profesional, inclusive muchos de ellos enviados al exterior para
tales fines, que no existe razón alguna para que éstos sean desvinculados bajo
la premisa de qué hay que aprovechar la capacidad y la experiencia de los
mismos, éstos son la verdadera tecnocracia estatal y perderlos en el Gobierno,
lo único que logrará es desperdiciar los importantes recursos que se
invirtieron en su formación y que éstos ya cancelados se vean obligados a poner
los conocimientos adquiridos al servicio del sector empresarial privado o
auspiciar una fuga de cerebros porque muchos a no ser asimilados por el mercado
laboral nacional pasarían a ser parte de nuestra diáspora en el extranjero.
Le solicitó como ciudadano preocupado ante estos hechos al Presidente Luís
Abinader, que valore estás opiniones recogidas por quién esto escribe, de
ciudadanos de todos los litorales políticos, e imparta las instrucciones
condignas para que reinicie prontamente la operatividad oficial poniendo en
marcha a toda capacidad el mismo en función del cumplimiento al precepto
constitucional de la continuidad del Estado, evitando así que colapse las
instituciones públicas ante los pedimentos y quejas no atendidos que
producirán, no lo duden, acciones legales en contra del Gobierno y de los
propios funcionarios, que si no lo entienden abarrotarán con litigios los
tribunales de la República, ¡es hora de actuar con sentido de sensatez! porque
las instituciones públicas estarán ahí, y solo cambiarán quiénes la dirigen,
porque esto al final es más de lo mismo producto de las elecciones “un ratico
arriba y un ratico abajo no más”.
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