En su visita al PEPCA el director de la institución,
Carlos Pimentel, aseguró que los casos tienen suficientes méritos para ser
investigados.
SANTO DOMINGO, R. D.- En cumplimiento de su rol como ente rector del
Sistema Nacional de Compras y Contrataciones Públicas, el titular de la
Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, apoderó
este martes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción
Administrativa (PEPCA), de tres expedientes relacionados con el Plan de
Asistencia Social de la Presidencia y del Instituto Nacional de Atención
Integral a la Primera Infancia (INAIPI) con suficientes indicios para ser
investigados.
Según la documentación entregada al titular del PEPCA, procurador adjunto
Wilson Camacho, desde el año 2019 ha sido identificada una recurrencia
sospechosa en los procesos de compras y contrataciones del Plan de Asistencia
Social de la Presidencia que otorgaba adjudicaciones millonarias a compañías
que fungían como intermediarias.
El órgano rector explicó que estas acciones se traducían en un mayor gasto
para la entidad contratante en términos de precios, teniendo como única
explicación vínculos o acuerdos entre funcionarios públicos y proveedores del
Estado.
En cuanto a los dos expedientes del INAIPI, uno de ellos refiere que en el
año 2016 esa institución incurrió en violaciones a los procedimientos de la Ley
340-06, de Compras y Contrataciones, a través de procedimientos de urgencia de
los cuales no se tiene ninguna evidencia y que le costaron al Estado unos RD$
208.05 millones.
Según una auditoría practicada por la Cámara de Cuentas, estos pagos se
hicieron por concepto de equipos computacionales y de comunicaciones, materiales
y suministros, aparatos audiovisuales, obras de infraestructura y mobiliarios.
El segundo de los expedientes, tiene que ver con irregularidades detectadas
en el proceso INAIPI-CCC-LPN-2018-01 que data del año 2018 para el suministro y
distribución de leche a los Centros de Atención Integral a la Primera Infancia
(CAIPI) y Centros de Atención a la Familia y a la Infancia (CAFI) a nivel
nacional.
La DGCP asegura que el INAIPI adjudicó ilegalmente contratos millonarios a
compañías relacionadas entre sí por montos que superan los sesenta millones de
pesos (RD$60,000,000.00) con el argumento de que había sido un proceso
transparente en el que las compañías cumplieron con los requerimientos del
pliego de condiciones.
Tras la visita, Carlos Pimentel reiteró que la institución está
comprometida con la transparencia y continuará identificando irregularidades
para presentarlas ante la justicia.
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