GANA, CONANI, UNAPEC y FINJUS analizaron los avances de la propuesta y los aspectos que deben continuar revisándose para lograr un sistema más especializado, restaurativo y orientado a la reinserción social de los y las adolescentes.
Santo Domingo.
– El Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), el Consejo
Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Universidad APEC (UNAPEC)
y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) realizaron el panel “El
Código de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia”, un espacio de
análisis técnico sobre las principales propuestas de modificación al sistema de
justicia penal adolescente contempladas en el proceso de reforma y
actualización de la Ley 136-03.
El encuentro
reunió a juristas, operadores del sistema de justicia, académicos y actores
relacionados con la atención a adolescentes, quienes analizaron los enfoques
incorporados en el Libro III de la propuesta de anteproyecto, así como aspectos
que requieren continuar siendo revisados para fortalecer la respuesta del
Estado frente a los adolescentes en conflicto con la ley penal.
Las palabras
de bienvenida estuvieron a cargo del rector de UNAPEC, Erik Pérez Vega, quien
afirmó que la academia no puede permanecer al margen de las discusiones que
inciden en el rumbo del país y subrayó que la misión universitaria trasciende
la formación técnica y profesional para contribuir a una ciudadanía
responsable, crítica y comprometida con el desarrollo humano. Asimismo, exhortó
especialmente a los estudiantes de Derecho a asumir esta disciplina no solo
como el conocimiento de las normas, sino como una herramienta para proteger la
dignidad humana, garantizar derechos y transformar positivamente la sociedad.
“Confiamos
en que las ideas trascenderán este escenario y contribuirán a fortalecer las
instituciones de nuestro país”, expresó.
Al
contextualizar el proceso de reforma, la presidenta ejecutiva del CONANI, Ligia
Jeannette Pérez Peña, explicó que el proceso de reforma inició hace más de un
año y ha contado con el acompañamiento de un Comité Consultivo de Alto Nivel,
integrado por el GANA, el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), el CONANI, el
Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y Visión Mundial. Asimismo, más de 70
instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil han participado en
consultas y validaciones técnicas de la propuesta.
“La
protección de la niñez no es una tarea de un gobierno ni de nadie en
particular. Es una responsabilidad de todos y de todas y por eso debemos
contribuir a que este instrumento sea el mejor posible para el bien de nuestra
niñez y adolescencia”, expresó Pérez Peña al motivar a los asistentes a revisar
la propuesta y ser parte de la revisión conjunta.
Un sistema
orientado a la responsabilización y la reinserción
Para dar
inicio al panel, los consultores responsables de las modificaciones al Libro
III, Joan García Fabián y Yudelka Polanco, expusieron los principales enfoques
incorporados en la propuesta, entre ellos el fortalecimiento del carácter
especializado del sistema, la justicia restaurativa y los mecanismos orientados
a la reinserción social.
Explicaron
que la respuesta ante una infracción cometida por una persona adolescente debe
ser diferenciada de la aplicable a los adultos, considerando su etapa de
desarrollo y las condiciones de vulnerabilidad que pueden incidir en su
conducta. Este enfoque procura que la intervención del sistema no se limite al
procesamiento y la sanción, sino que contribuya a reducir la reincidencia y
genere oportunidades para la reinserción social.
El
magistrado Francisco Antonio Pérez Lora, juez presidente de la Corte de
Apelación de Niños, Niñas y Adolescentes del Distrito Nacional, valoró los
avances contenidos en la propuesta de reforma y planteó aspectos que, a su
juicio, deben continuar siendo examinados.
Entre estos
señaló la necesidad de precisar la respuesta del sistema ante los casos que
involucran a niños y adolescentes inimputables; definir con mayor claridad las
salas competentes para conocer determinados procesos de adolescentes; y
establecer mecanismos adecuados de respuesta y acompañamiento para niños, niñas
y adolescentes migrantes o que carezcan de documentación.
Por su
parte, Carlos Guerrero, director nacional de Atención Integral de la Persona
Adolescente en Conflicto con la Ley Penal (DINAIACLP), explicó el
funcionamiento de los centros que atienden a esta población y el trabajo de los
equipos multidisciplinarios responsables de su atención.
Guerrero
destacó la importancia de contar con mecanismos de seguimiento a los
adolescentes incluso después de su salida de estos centros, como parte de los
esfuerzos para favorecer una reinserción efectiva y ofrecerles una segunda
oportunidad.
El panel fue
moderado por Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS,
y formó parte de las acciones de socialización y validación desarrolladas en el
marco del proceso de reforma y actualización de la Ley 136-03, Código para el
Sistema de Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y
Adolescentes.